Historia de Can Ruy
En los años 70 del siglo XX, en plena Dictadura, muchos especuladores, en conveniencia con ayuntamientos designados a dedo, se dedicaron a parcelar el país. No importaba el lugar, si había o no recursos para urbanizar, o si la zona era digna de protección: Sólo se buscaba el dinero fácil.
Nuestra urbanización nació en ese momento. Primero fue de una sociedad que se llamaba Fontscaldetes SA, después CATALONIA 2000 SL, después JULIEN Y AGUILERA SA, después CANRUY SA y, actualmente, pertenece a la Junta de Compensación, integrada por todos los propietarios.
Durante años la urbanización estuvo prácticamente abandonada hasta que Juan Galvez Navero (†), un hombre singular, decidió luchar contra los especuladores, y unir y organizar las personas más activas. Él fue el alma de la ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE CAN RUY e impulsó todo un proceso legal contra los promotores sin escrúpulos, que ha permitido, después de muchas complicaciones, demandas y querellas, que hoy los terrenos de la urbanización sean de la JUNTA, una entidad urbanística diferenciada de la Asociación. Las tareas de la ASOCIACIÓN han quedado limitadas al mantenimiento de la red eléctrica y de las instalaciones de agua, que suministra y distribuye SOREA.
¿Por qué se llama Can Ruy?
La urbanización fue bautizada por los antiguos promotores como «Can Ruy» en honor a un personaje de dibujos animados, muy popular en la década de los 80 del siglo XX, «Ruy, el pequeño Cid», que utilizaron como gancho comercial para vender parcelas haciendo promesas que no cumplirían. Cuando se constituyó la Junta de Compensación los socios la denominaron JUNTA DE COMPENSACIÓN Fontscaldetes. Posteriormente el Ayuntamiento pidió un cambio de nombre para evitar confusión, dado que Fontscaldetes es una zona concreta del término de Cabra. El nombre se cambió a la actual: JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LAS PLANAS DE CABRA.
¿Cómo es que los terrenos fueron adquiridos por la Junta?
LA ASOCIACIÓN presentó, el 30/11/1988, querella criminal por apropiación indebida y estafa contra los promotores de la urbanización Can Ruy, que instruyó el Juzgado de Instrucción 22 de Barcelona, diligencias previas 29/1990. La querella se archivó por considerar que los hechos no eran delictivos, según auto 09/10/1990.
Entonces se puso en marcha una estrategia legal para conseguir la propiedad de la Urbanización.
Varios socios, compradores de parcelas y que habían pagado el 100% de las obras de urbanización, presentaron demandas individuales de juicio de menor cuantía exigiendo escritura y la ejecución forzosa de las obras de urbanización.
De todos los juicios, lo que avanzó más rápido fue el de los socios Vicente Giménez Vidal y Dolores Payerol Adell, tramitado en el Juzgado de Primera Instancia 35 de Barcelona, menor cuantía 597/1993.
El 08/04/1994, se dictó sentencia que condenaba la Promotora a ejecutar las obras de urbanización.
Todos los socios, tal como se había convenido en iniciar los juicios, cedieron sus derechos a la ASOCIACIÓN, quien se subrogó como parte actora en los juicios.
En ejecución de sentencia se valoraron las obras de urbanización en 88.270.000 Pts y se embargó y sacó a subasta la finca matriz de la Urbanización.
LA ASOCIACIÓN cedió los derechos de la subasta a la JUNTA DE COMPENSACIÓN y el Juzgado 35 de Barcelona le adjudicó la propiedad de la finca por auto 21/12/2000.
Desde entonces la JUNTA es propietaria de la Urbanización, de la que ha ido segregando las parcelas de quienes habían comprado en contrato privado a la Promotora.
